La Pobla de Vallbona: la Subdelegación del Gobierno deberá ahora ratificar o rechazar la subida de sueldos de los empleados públicos que supondrá 1’3 millones de euros más en personal
TICO
DE VICENTE.- La Pobla de Vallbona. La Subdelegación del Gobierno tiene la
última palabra ahora para aprobar o rechazar la nueva relación de puestos de
trabajo (RPT) refrendada por el Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona en la que
se armonizan los cometidos, las funciones y su equiparación con los salarios de
los empleados públicos. La anterior RPT data del año 2003 y desde entonces se
han tenido que acometer diversas modificaciones y adaptaciones a la nueva realidad
que se vive en esta localidad de la comarca de Camp de Turia. En el caso de la
Pobla de Vallbona, el objetivo es “optimizar la distribución de funciones y
responsabilidades, eliminando duplicidades, clarificando tareas y mejorando los
canales de comunicación y coordinación entre departamentos, el rediseño
favorece la especialización profesional, la mejora continua y la implementación
de metodologías de gestión más ágiles y eficaces”, según se asegura en el documento
oficial al que ha tenido acceso Infopoblano.
El escollo principal se pasó primero tras una negociación durante meses,
trufado de diversas reuniones bilaterales entre sindicatos y equipo de gobierno,
y ha culminado ahora con el acuerdo plenario. Se trata del último paso antes de
su puesta en funcionamiento, en el que se especifican las tareas y las funciones
de todos los puestos de trabajo contenidos en la estructura municipal y,
especialmente, su traducción monetaria, es decir, cobrar por todas las funciones
encomendadas en las fichas de trabajadores elaboradas al respecto durante meses
por la empresa encargada de este cometido. Sin embargo, ahora queda pasar por
la lupa de la Subdelegación del Gobierno, el ente dependente del Estado, que
deberá dirimir de acuerdo a criterios técnicos si el acuerdo cumple con todos
los preceptos previstos en la ley, especialmente con el punto de mira puesto en
el incremento salarial, de forma que no puede superar las previsiones del índice
de precios al consumo (IPC).
De hecho, no sería la primera vez
que la Delegación del Gobierno echa atrás una RPT en la comarca de Camp de
Túria. Se cuentan por numerosas las ocasiones en las que los respectivos
ayuntamientos que han visto su relación de puestos de trabajos impugnadas que
tienen que realizar modificaciones legales, una vez se han aprobado por el
pleno municipal, para ajustar el texto de las mismas a los requerimientos realizados
por el Estado. Más allá de colores políticos, instituciones públicas gestionadas
por un mismo partido político han visto recurridas RPT de una misma sigla
política. Se trata entonces de resolver las enmiendas observadas por un organismo
superior y, entonces, volver a presentarla ante la misma instancia para su visto
bueno.
El Ayuntamiento de la Pobla de
Vallbona recuerda que desde la aprobación de la actual RPT, que data del año
2003, el marco normativo y administrativo “ha cambiado profundamente, la
evolución legislativa ha introducido nuevas competencias, responsabilidades y
exigencias para las administraciones locales, que hacen imprescindible una adecuación
técnica y estructural de la organización”, según señalan las mismas fuentes.

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