La Pobla de Vallbona se queda sin vender la parcela de la Mallaeta por 79.347 euros por falta de compradores tras descartar construir viviendas de protección por el “perfil” de usuarios

 

 

            TICO DE VICENTE.- La Pobla de Vallbona.  No corren buenos tiempos para la “lírica urbanística” en la Pobla de Vallbona. Las administraciones se están acostumbrando, a base de realidad, a declarar “desiertos” determinados procedimientos administrativos por la falta de ofertas por parte de empresas o particulares, tal y como ha podido comprobar Infopoblano de fuentes oficiales. El último de los ejemplos lo tenemos en el proceso de licitación pública que abrió el Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona a mediados del pasado mes de mayo con el proceso para enajenar una parcela de propiedad municipal ubicada en la calle Aguas Bravas, situada en la zona de la Mallaeta, un área residencial boyante junto a la autovía CV-35, uno de los epicentros que desde hace años ha dado un vuelco enorme al desarrollo urbanístico local. Tras abrir el proceso a mediados de mayo y finalizar el plazo el 4 de junio pasado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el ejecutivo local ha dictado una resolución en la que declara desierto el citado procedimiento público “a la vista que, consultada la plataforma, no se han presentado proposiciones en este procedimiento, siendo este el único medio admitido a tal fin por el pliego de cláusulas administrativas particulares”, según el documento oficial al que ha tenido acceso este periódico. De esta forma, se priva a las propias arcas municipales del aumento de “cash” durante este periodo veraniego, ya que en la misma licitación pública se fijaba en 79.347 euros a los que habría que añadir los correspondientes impuestos públicos, hasta alcanzar los 96.010 euros en total, según las mismas fuentes.

            Si se hubiesen presentado ofertas para la compra de esta parcela de titularidad municipal, las arcas municipales podrían haber engrosado su “cash”, pero, finalmente, no ha sido así. Se trata de una parcela a la que le corresponde el número 480 en el orden del inventario municipal, con una superficie de 400’88 metros cuadrados, calificada urbanísticamente como suelo urbano residencial del sector R-3, que, en su momento, fue adquirida en concepto de aprovechamiento en virtud del proyecto de reparcelación del citado sector. Forma parte, por tanto, del patrimonio público de suelo y está inscrita en el registro de la propiedad de la localidad. Esta zona de edificación residencial está alejada del área urbana principal y de los principales equipamientos y servicios públicos, como son el ayuntamiento, las zonas escolares o el centro de salud.

            La propia documentación a la que ha tenido acceso este periódico reconoce que en esta zona no se podrán llevar a cabo viviendas de protección pública, precisamente, por el perfil de los usuarios que vivirían en las mismas. “Es un sector que no resulta adecuado para la construcción de viviendas pública, no sólo por su tipología, sino también porque los usuarios de estas viviendas, debido a su menor renta económica, son demandantes de servicios de titularidad pública cercanos a sus lugares de residencia que, en la mayoría de los casos, se localizan en las áreas urbanas principales”, señala el documento.