El PAI R-18 donde se construirá el futuro instituto de la Pobla de Vallbona preveía 900 viviendas, entre ellas 225 de protección pública

 

 

            TICO DE VICENTE.- La Pobla de Vallbona. El sector urbanístico está íntimamente ligado a la coyuntura económica y, por tanto, su desarrollo y ejecución depende, en gran medida, de la situación existente en un momento determinado. Así, como mínimo, queda demostrado en el Programa de Actuación Integrada (PAI) R-18 de la Pobla de Vallbona necesario para la ejecución del plan de construcción del segundo instituto de secundaria (IES), una infraestructura muy necesaria para terminar con la gran masificación del centro de la Vereda, cuyas instalaciones se concibieron para atender a cerca de 600 alumnos y que, actualmente, más de 13.000 alumnos reciben clase en sus aulas. Por este motivo, la rapidez y la celeridad con la que el ejecutivo local debe acometer este ambicioso proyecto cobra una relevancia mayor. De un escenario en el equipo de gobierno encabezado por el Partido Popular debía desarrollar el PAI junto a los propietarios de los terrenos que deberían haber financiado las obras de urbanización se ha pasado a otro escenario radicalmente opuesto. En esta nueva coyuntura se ha optado por las labores de expropiación de los terrenos que harán falta para la ejecución de los terrenos, alrededor de 14.000 metros cuadrados de extensión sobre una superficie global que alcanza los 106.079 metros cuadrados de extensión. Así, el consistorio plantea a los propietarios que pueden optar por recibir el dinero económico que se lleve a cabo a través de los cauces oficiales o, por el contrario, una reserva del aprovechamiento sobre los terrenos futuros.

            En la raíz de este cambio de procedimiento tiene mucho que ver el “veredicto” que han transmitido los propietarios de terrenos sobre este tema, uno de los más acuciantes a la hora de planificar el futuro más inmediato de la Pobla de Vallbona. No quieren aportar dinero si entran en el PAI y, por ello, desisten del plan urbanístico sobre el futuro instituto. Cobrar por los terrenos que el ayuntamiento desee ocupar será, finalmente, la solución a un problema que se arrastra desde hace meses y que pretende concluir con las carencias educativas de la localidad. Sin embargo, en la documentación a la que ha tenido acceso Infopoblano preveía que en este PAI estaban previstos hasta la construcción de 900 viviendas en total, de las que 225 de ellas debían ser de protección pública. Además, en la documentación consultada se hablaba, tajantemente, que en cualquier caso “el excedente de aprovechamiento que ha de recibir la administración se destinará en su totalidad a viviendas de protección oficial pública”, según las fuentes consultadas.

            La ficha técnica de este programa urbanístico alcanzaba los 103.918 metros cuadrados de extensión en términos de edificabilidad lucrativa máxima y se establecía en 4 plantas el número de alturas máximas autorizadas. La edificabilidad objetiva máxima del uso residencial se establecía en 98.722 metros cuadrados, según se afirma en el documento oficial. Para aportar el dinero que servirá para las obras de urbanización del R-18, el ayuntamiento ha concertado un crédito de 3’1 millones de euros.