Finca de la Cens en la Pobla de Vallbona: se cumplen más de 8 meses desde el anuncio de su derribo y el gobierno local descarga en el juzgado la culpabilidad de posibles caídas

TICO DE VICENTE.- La Pobla de Vallbona.- La finca de la Cens de la Pobla de Vallbona, auténtico buque insignia social y urbanístico de la localidad, lleva camino de convertirse en una pesadilla. Tras dejar atrás el embrollo que suponía la identificación de los propietarios de sus 49 viviendas que forman parte de su planta baja y seis alturas, se procedió al proceso de expropiación de los apartamentos por parte del ayuntamiento local con una inversión de más de 160.000 euros en total.

El deterioro de los pisos privados y la imposibilidad total de su rehabilitación -legal y urbanísticamente porque era superior al 50% del coste de construir una nueva- daban paso a un nuevo escenario. Inédito en la localidad porque poco a poco se daban pasos decididos por llegar a una nueva fase: su derribo para ayudar a vertebrar el núcleo principal, abrir la avenida de colón para conectarla directamente con el parque municipal.    

Sin embargo, el gobierno local se dio de bruces con la lentitud de la administración y los intrincados recovecos existentes en cualquier asunto de interés público. Se presentaron más de una docena de alegaciones contra las valoraciones realizadas por el consistorio, alrededor de 6.000 euros de medio en cada uno de los apartamentos. Se trataba de uno de los puntos de fricción entre ambas partes, administración local y propietarios.

Aprobada en el año 1966 y ocupada en el año 1972, la finca de la Cens constituyó uno de los paradigmas más fieles de una forma de entender el urbanismo de la época basado en el denominado “urbanismo vertical” y con una proliferación notable de población en su interior. Estigmatización social y económica fueron dos de sus principales rasgos a lo largo de las décadas que estuvo en funcionamiento. Los últimos años sufrió una degradación vertiginosa ante la pasividad de las autoridades. Llegaron a habitarlas algunas familias a pesar del evidente peligro de caída de algunas de sus estructuras.

De hecho, la posibilidad de caída de sus paredes o de algunas de sus estructuras son algunos de los principales peligros en la actualidad. Por ello, el equipo de gobierno ha solicitado en numerosas ocasiones al juzgado que se pronuncie definitivamente sobre la medida cautelar dictada y que supone la paralización del proyecto del consistorio de derribar la finca y proceder, por tanto, al proyecto de destinar el espacio a una utilidad dotacional.

En palabras del propio gobierno local de la Pobla de Vallbona, será culpa del propio juez la posibilidad de que se pueda producir una caída de alguna pared, estructura o cascote del edificio. “La responsabilidad será del juez”, afirman desde el gobierno municipal. El retraso del derribo es, sin duda, uno de los dolores de cabeza que se ciernen sobre este proyecto que debía haberse llevado a cabo entre julio y agosto del pasado verano –en pleno periodo estival para evitar problemas a los vecinos- pero que a día de hoy se desconoce una fecha concreta para ejecutarlo.