La Pobla de Vallbona “se libra” de la intervención del Gobierno Central tras reducir el pago a proveedores a 19 días, 11 por debajo del límite legal
TICO DE
VICENTE.- La Pobla de Vallbona. La dejadez y la incapacidad de las
administraciones locales para cumplir con su obligación de pagar a sus
proveedores en el plazo legal establecido -30 días como máximo, según la
normativa- es uno de los mayores problemas que afrontan las mercantiles que
trabajan, habitualmente, en el espacio público. La situación que durante mucho
tiempo han tenido que soportar las empresas mercantiles a la hora de cobrar los
servicios o los suministros a las administraciones públicas han llevado a una
situación insostenible a ambas partes. Por un lado, los ayuntamientos son los
deudores que no cumplen con su obligación legal, mientras que las empresas
tienen que hacer auténticos ejercicios malabares para continuar desarrollando
su actividad pese a las deudas que deben soportar desde algunas instancias. En
muchos casos se trata de cantidades económicas respetables que se pueden llegar
a prolongar durante meses e, incluso, alcanzar años hasta que se materializa el
día en el que ven ingresadas las facturas en sus cuentas bancarias. La pandemia
ha supuesto un agravamiento de la situación hasta cuotas inimaginables. Las
administraciones, lejos de mejorar los plazos, han agravado este límite y lo
arrastran “sine die”. El gobierno central ha detectado que hasta 152 municipios
de la Comunitat Valenciana incumplen los plazos legales para abonar las
facturas con las diferentes empresas privadas con las que trabajan y cuyo margen
se fija en 30 días en total. Por ello, ha dispuesto un plan de ajuste cifrado
en 2.000 millones de euros para toda España con el objetivo de abonar las
facturas pendientes que se arrastran desde hace meses. De esta forma, las
mercantiles podrían solicitar al Ministerio de Hacienda el pago de las
cantidades pendientes, si bien, según las primeras previsiones, a cambio de
renunciar a los intereses de demora. El objetivo es abonar las cantidades
deudoras anteriores a julio del año 2021.
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