La Generalitat luchará contra las viviendas ilegales que se construyeron en la Comunitat a partir del año 2014 y obligará al derribo inmediato en más de 170 municipios valencianos

 

TICO DE VICENTE. La Pobla de Vallbona

            Cuenta la tradición que en el ámbito de la Comunitat Valenciana existía el comportamiento social de construirse un “paellero” en cualquier terreno de la propiedad de una familia en la que los miembros de la misma solían reunirse los domingos en torno a este típico plato valenciano. Poco a poco, el “paellero” se iba ampliado al mismo tiempo con una piscina para refrescarse en la época estival de los días tan bochornosos o calurosos que afectaban a muchos de los municipios valencianos. Sin embargo, con el paso de los meses y de los años al paellero y a la piscina si iban añadiendo otras comodidades como habitaciones y estancias para permanecer varios días en esta segunda residencia. Con esta medida, la casita “de aperos” que se había solicitado para dar cobertura legal a la construcción se ha convertido en un “chaletazo” en toda regla. Veranear y disfrutar del ambiente familiar en un entorno natural y apartado de las grandes urbes es el motivo principal de este cambio social, emanado de la misma sociedad. Mirar para otra parte se ha convertido en el eje fundamental del comportamiento de las administraciones públicas, en especial los ayuntamientos. Abrir un expediente urbanístico y velar por el cumplimiento de la legalidad –incluido el derribo total o parcial- se ha convertido más en un deseo que en una realidad con el paso de los años. Se trata de una estrategia que se ha duplicado y copiado en multitud de localidades valencianas, incluidas las de Camp de Túria. Con buena parte de sus núcleos convertidos en “municipios dormitorio”, esta comarca se caracteriza por seguir a pies juntillas este precepto social, alzado a la categoría de “ley” tácita entre sus habitantes. La cercanía con el área metropolitana y, por tanto, a un paso del lugar de trabajo, la comarca acumula cientos y cientos de núcleos ilegales, compuestos por viviendas y construcciones levantadas fuera del ordenamiento jurídico.

            Ordenar su derribo ha sido una exigencia que se ha tomado en contadas ocasiones, por miedo a las posibles consecuencias sociales, en especial las electorales. Recibir un castigo en las urnas ha sido un motivo suficiente para que los políticos hayan actuado con tibieza en un asunto que no solo pisa las cuestiones legales, sino que, también, se asoma a una cuestión de ética social. Por ello, la Generalitat Valenciana, a través de la recién estrenada Agencia de Protección del Territorio, tiene ante sí el reto de tomar una decisión sobre las más de 307.000 edificaciones ilegales que, según unas primeras estimaciones, yacen sobre el territorio valenciano. Los más de 170 municipios que se han adherido al plan, han decidido delegar sus competencias en la administración autonómica para que pueda derribar todas aquellas construcciones o viviendas construidas en suelo no urbanizable a partir del año 2014. El resto puede respirar más tranquila.