Propietarios de terrenos del futuro instituto de la Pobla de Vallbona tachan de “oportunismo político” el proyecto y alertan de la falta de agua en este sector urbanístico

  

            TICO DE VICENTE.- La Pobla de Vallbona. Nunca llueve a gusto de todos. Esta conocida máxima se podría aplicar al proceso administrativo que se está llevando a cabo en la Pobla de Vallbona a cuenta de la futura construcción del segundo instituto de educación secundaria (IES) que se ha planificado en el denominado sector urbanístico del R-18. Este ámbito se circunscribe a los terrenos situados entre el casco urbano y la conocida ronda norte de la localidad, en una zona con terrenos, actualmente, yermos, abandonados y sin ningún tipo de expectativa de desarrollo o ejecución durante los próximos años. Esta zona está contemplada como suelo urbanizable en el actual plan general de ordenación urbana (PGOU) que se aprobó en el año 2006. La puesta en marcha de todos los mecanismos para impulsar la construcción de este centro educativo servirá para aliviar la actual situación de masificación que sufre el actual instituto de secundaria de la Vereda cuyas instalaciones se van a ampliar para mejorarlas, principalmente. De hecho, la masificación en la Vereda es una de las consecuencias directas de la endémica problemática que sufre la Pobla de Vallbona por la ausencia de una planificación urbanística y una ordenación territorial adecuada que ha desembocado en la falta de determinados servicios e infraestructuras públicas. En este sentido, la construcción del segundo IES está encaminada a paliar el déficit en infraestructuras educativas en la localidad.

            Sin embargo, en el farragoso proceso administrativo para llevar a cabo la construcción del segundo instituto surgen determinadas acciones que pueden ralentizar la marcha, entre los cuales cabe destacar las alegaciones que interponen los propietarios del suelo incluidos en este sector urbanístico en expansión. Hasta un total de 5 alegaciones se han presentado por parte de cuatro propietarios privados y una mercantil y que han sido resueltas por parte del pleno municipal. Muchas de ellas convergen en algunas razones, como el considerar que el proyecto del instituto responde a “oportunismo político”, además de considerar que no se considera la posibilidad de aportar otros métodos que no sean las aportaciones en metálico para satisfacer las necesidades del PAI, la insuficiencia de recursos hídricos en la zona para desarrollar el plan o las excesivas cargas económicas, entre otros aspectos.

            Desde el ayuntamiento se aduce que se han realizado los estudios económicos correspondientes para valorar las cargas que conllevará el plan urbanístico y que deberán abonar los propietarios de los terrenos incluidos en el mismo, de acuerdo a la actual legislación urbanística vigente. Además, desde el ejecutivo local se desliga la falta de interés por parte de promotores inmobiliarios en el proyecto con la necesidad de impulsar el R-18 para llevar a cabo el segundo instituto. Por último, en cuanto a la posible falta de agua, se recuerda que el PGOU ya preveía capacidad para atender a 90.000 habitantes.