Revés judicial en la Finca de la Cens de la Pobla de Vallbona: una sentencia del TSJ anula la calificación de dotacional del suelo y obliga a devolver el dinero de la expropiación

 

TICO DE VICENTE.- La Pobla de Vallbona.- Un nuevo contratiempo ha surgido alrededor de la conocida Finca de la Cens de la Pobla de Vallbona. En esta ocasión, una sentencia judicial, conocida ahora y fechada el pasado mes de febrero, anula la decisión del gobierno municipal de modificar el plan general de ordenación urbana (PGOU) para convertir en suelo dotacional los terrenos sobre los que se cimienta la Cens. En febrero del año 2019, el pleno del Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona aprobaba la modificación del suelo ubicado en el número 78 de la avenida de Colón, sobre las que se levantan las 49 viviendas en un edificio formado por una planta baja y seis alturas.

El fallo judicial establece que la modificación refrendada por el pleno no se realizó de acuerdo al procedimiento administrativo correcto ya que en su momento se tomó esta decisión sin contar con el preceptivo informe de ruina, indispensable para llevar a cabo la demolición del inmueble, uno de los más vetustos del casco urbano y con un evidente peligro de derrumbe. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) revoca el expediente de la expropiación del 26 de marzo de 2021 y obliga a los propietarios de las viviendas a devolver el dinero del justiprecio.

La sentencia del TSJCV supone una nueva piedra en el camino que se inició en esta legislatura, principalmente, para derribar este inmueble, viejo y con peligro de derrumbe, para convertir su espacio en un equipamiento dotacional de tal forma que se podrá conectar la zona de la calle Lepanto con el entorno del parque municipal, con una comunicación entre los edificios del ayuntamiento y la Casa de Cultura con el Centro Social y con las zonas verdes adyacentes, un viejo anhelo de todos los gobiernos locales.

Con más de 160.000 euros gastados por el ayuntamiento local en el proceso de expropiación, en los últimos meses de la citada fase irrumpieron con fuerza fondos de inversión y fondo buitres para comprar apartamentos a los inquilinos en una situación sorpresiva ya que los pisos no tenían, a priori, ningún valor: viejos, rotos y con la demolición inminente en el horizonte. Tras el proceso de expropiación, una de las mercantiles dueñas de numerosas viviendas tomó la decisión de presentar alegaciones y recursos con el mismo, tanto por el valor económico del justiprecio como por el mismo proceso administrativo.

De hecho, las mercantiles se hicieron con las viviendas por un precio que oscilaba entre los 3.000 y 7.000 euros, mientras que ahora reclaman una nueva expropiación por la que reclaman una valoración de más de 40.000 euros por las citadas viviendas, una cantidad notablemente superior. Por tanto, el fondo de inversión presentó los correspondientes recursos judiciales para obtener sus demandas económicas, que ahora se han visto atendidas con la sentencia de los magistrados del alto tribunal valenciano, contra la que el actual gobierno de la Pobla de Vallbona no recurrirá para evitar una dilatación del litigio judicial.

Los magistrados del TSJ reconocen en su argumentación que en el expediente municipal faltaba el preceptivo informe de ruina y demolición previo al objetivo final del proyecto: liquidar el edificio para destinar el suelo a equipamiento dotacional.