La Pobla de Vallbona podría perder 500.000 euros en ingresos al año por el impuesto de plusvalías tras la sentencia del Tribunal Constitucional

 

TICO DE VICENTE. La Pobla de Vallbona

            Actualmente, los ayuntamientos se afanan por cuadrar los presupuestos económicos del próximo año, con la vista puesta en llegar a tiempo para cumplir los plazos legales previstos de forma que el 1 de enero pueda ponerse en marcha este documento que marca y fija el devenir de una administración a lo largo de un año. Sin embargo, en esta ocasión a los lógicos trabajos de consensuar y limar asperezas entre los partidos que forman parte de un gobierno de coalición en unos casos o en asumir las directrices técnicas en otros casos hay que añadir un nuevo ingrediente: la sentencia del Tribunal Constitucional. El alto tribunal ha notificado, a través de una nota informativa, de la derogación de hasta tres artículos que suponen, a grandes rasgos, el fin del cobro del impuesto de plusvalía. Se trata de una cantidad muy importante para multitud de administraciones locales y que son una vía de ingresos que se utiliza para financiar buena parte de los servicios públicos que se prestan. Este impuesto directo, real, objetivo y no periódico grava el incremento del valor de los terrenos urbanos que gestionan las administraciones locales. Según algunos cálculos, hasta cerca de 2.500 millones de euros se dejarían de ingresar en los ayuntamientos españoles si, finalmente y como parece, deja de tener efecto este impuesto. En el caso de la Comunitat Valenciana la cifra afectaría a los ingresos ordinarios por un montante global de 150 millones de euros, una cifra nada desdeñable en un momento en el que se debe apoyar más si cabe el tejido social a causa de la pandemia del coronavirus. 

            Este impuesto está íntimamente ligado al nivel de transacciones inmobiliarias y del sector urbanístico que se realiza en cada municipio, de forma que la afectación no será nunca la misma en todos los ayuntamientos. Aquellos que han fiado más sus ingresos a la coyuntura urbanística tendrán más problemas para afrontar esta situación ya que será un escollo más que tendrán que sortear a partir de ahora. Según los datos a los que ha tenido acceso Infopoblano, en el caso de la Pobla de Vallbona se podría tratar de hasta 500.000 euros anuales, la última de las cifras contenidas en el presupuesto económico de este año y cuya liquidación no se conocerá hasta los primeros meses del ejercicio entrante del año 2022. En este mismo año, las licencias de obras están valoradas en 35.000 euros en ingresos mientras que las licencias de primera ocupación y cédulas de habitabilidad –necesarias para comenzar a vivir en una casa- en otros 8.000 y el impuesto de construcciones en otros 400.000 euros en total. Las cifras de plusvalías asignadas este año han ido aumentando con el paso del tiempo, en consonancia con una mejora de la economía. De esta forma, se ha pasado de los 360.000 euros del año 2015 a los 500.000 del ejercicio económico de 2017 o los 700.000 euros que se llegaron a presupuestar en el año 2020 en total.

            Las licencias de obras a lo largo del periodo analizado en la Pobla de Vallbona, entre los años 2015 y 2021, han oscilado entre los 35.000 euros del primer ejercicio de 2015 a los 40.000 euros del año 2018 o los 70.000 euros del ejercicio de 2020. Por su parte, las licencias de primera ocupación no han superado, en ningún caso, los 10.000 euros, cantidad presupuestada en el año 2019. En cuanto al impuesto de construcciones, de los 100.000 euros del ejercicio de 2015 se pasó, en términos absolutos, a los 200.000 euros, el doble, del año 2019 o los 670.000 euros en 2020 en pleno año pandémico. Desde ahí, se ha pasado a 400.000 euros en el ejercicio de este año.