TICO DE VICENTE. Valencia.
El Ministerio de Hacienda ha hecho
públicos los datos referentes a la deuda municipal que mantienen las administraciones
públicas locales y que son una buena muestra de la salud financiera de los
ayuntamientos. La forma de gestionar y de administrar los recursos por parte de
los responsables políticos se trasladan, indefectiblemente, a los datos
económicos. En la comarca de Camp de Túria las cifras dadas a conocer por el
Ministerio de Hacienda evidencian que en los últimos siete años se ha
trasladado la deuda de los consistorios en hasta 24’7 millones de euros, entre
los años 2014 y 2020. De hecho, de los 52’1 millones de euros que se debían
hace siete años -2014- se ha pasado a los 27’3 millones de la última anualidad
-2020- y, por tanto, un descenso de los referidos 24’7 millones. El esfuerzo
económico es el fruto de la fiscalidad que aplican los ayuntamientos a sus
vecinos y que año tras año sirven para financiar no solo los servicios públicos
que reciben en sus respectivos municipios sino también para abonar parte de la
deuda.
La ley Montoro, engendrada en pleno
gobierno del Partido Popular encabezado por Mariano Rajoy, obligaba a destinar
los superávits anuales a amortizar deuda y dejaba pocos resquicios para
destinarlo a nuevos servicios públicos. Sin embargo, tras los cambios
legislativos de los últimos años, esta misma ley ha devenido más laxa para que
los propios gobernantes tengan mayor facilidad no solo para amortizar deuda y
pagar intereses sino, al mismo tiempo, para dedicar una parte de ellos a poner
en marcha nuevos proyectos inversores con el objetivo de mejorar la vida de sus
conciudadanos. Por ello, en los últimos tiempos se han podido llevar a cabo
proyectos e iniciativas encaminadas a afrontar, con mayores garantías, las
consecuencias cruentas de la pandemia.
En la comarca de Camp de Túria es la
localidad de la Pobla de Vallbona la que mayor esfuerzo ha realizado al abonar
en 7 años hasta un total de 6’6 millones de euros. Entre los años 2014 y 2020
ha pasado de una deuda de 8’3 millones de euros a los actuales 1’6 millones,
fijados a finales del pasado ejercicio. Aun así, la deuda supone que cada
vecino deba 71 euros en concepto de la citada deuda municipal. La mayor
reducción se experimentó entre los años 2016 y 2018 cuando se pasó de deber 6’1
millones a 2 millones de euros, es decir, una disminución de hasta 4’1
millones. Precisamente, entre los ejercicios presupuestarios correspondientes a
esos ejercicios se ingresaban alrededor de 5’7 millones de euros en materia de
impuesto de bienes inmuebles (IBI), una de las mayores vías de financiación
existentes en una administración local.
Si cogemos como base los datos
publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) observamos que el
pasado año se registraron 17.801 recibos correspondientes a IBI cuya cuota
íntegra eleva los ingresos hasta los 5’8 millones de euros en total, una cifra
nada desdeñable teniendo en cuenta que el pasado ejercicio fiscal estuvo
caracterizado por los efectos negativos de la pandemia.
Comentarios
Publicar un comentario